UNASUR: Víctima del péndulo político latinoamericano

Por Franklin Rodríguez / Vanguardia del Pueblo.

Históricamente Latinoamérica ha sido un área propensa a los proyectos de integración regional, con el interés primario de generar consenso, sentido de pertenencia y protección, primero ante la práctica colonial aún vigente a finales del siglo XIX e inicio del XX, y luego como respuesta a las injerencias de la gran potencia del norte del Continente.

La idealización de un proyecto de estas características se tradujo en múltiples iniciativas a lo largo de los años, de los últimos 50 años, en cuyo trayecto ha quedado un rastro claro de la segmentación regional y la dificultad de consumar en la práctica un gran proyecto común. Bastaría mencionar algunas siglas como ALALC, CAN, CARICOM, ALADI, ALBA, SELA, TCP, SICA, CELAC, MERCOSUR y UNASUR, para tener una idea de la cantidad de proyectos de integración puestos en marcha, los cuales por lo general no logran armonizar dentro de un mismo techo los intereses políticos y económicos de sus miembros.

Este es el caso de Unasur, variante política de Mercosur, inspirada en los aprestos de integración y autonomía suramericana que algunos historiadores atribuyen a Brasil. Sus orígenes por lo general pueden rastrearse hasta el año 2005, con la Cumbre Suramericana de Presidentes (luego Cumbre Suramericana de Naciones (CSN)), la cual por solicitud del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, fue transformada en lo que hoy conocemos como Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en un tratado constitutivo que tuvo lugar en la capital de Brasil en el 2008.

Unasur está compuesta por 12 Estados miembros, que en principio acordaron como principal objetivo el forjar una identidad y ciudadanía suramericana, un ideal entonces asumido a unanimidad por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, el pecado original fue dotar el pacto de un gran componente ideológico y personalista, que le puso a merced de las variables externas, así como de ciclos políticos, que por lo general se sincronizan con el ciclo económico de la región.

Lo anterior explica el que los compromisos asumidos originalmente por todos los países miembros, que en su mayoría eran encabezados por gobiernos progresistas, hoy parezcan no tener sentido ante los últimos cambios de gobierno y la consecuente inclinación de la balanza hacia la derecha del espectro ideológico. De hecho, los remanentes de la “marea rosada” como se le llamó al auge de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, hoy parece ser uno de los objetivos primarios de los nuevos gobiernos de derecha, que a través de bloques de presión buscan desarticular Unasur.

De hecho, hace apenas cuatro años que el organismo puso en funcionamiento su nueva sede en Ecuador, que buscaba dotarlo de una estructura emblemática, que en palabras del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, buscaba emular el simbolismo de las Naciones Unidos y la Unión Europea, ubicadas en Nueva York y Bruselas respectivamente.

La Unión de Naciones Suramericanas ha tenido cuatro secretarios generales a la fecha, que van desde el exmandatario argentino Néstor Kirchner, María Emma Mejía, Ali Rodríguez Araque y Ernesto Samper, quienes a excepción del fallecimiento de Kirchner, fueron relevándose de manera ininterrumpida desde el 2010 al 2017. Ahora bien, tras la salida de Samper en enero del año pasado, no ha podido elegir un nuevo secretario general que le reemplace, sobre todo por el pulso ideológico que han sostenido varios de los miembros más prominentes del organismo.

Así se hizo constar el pasado mes de abril, cuando tras el impasse por la falta de consenso en la elección del nuevo secretario general, seis naciones (Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay) acordaron suspender temporalmente su participación en Unasur. Paralelamente, la acción se produjo en momentos en que Bolivia asumía la presidencia pro témpore.

Por si fuera poco, las amenazas de salida del bloque por parte del colombiano Iván Duque al momento de ganar las elecciones, se hicieron realidad este mes de agosto cuando Colombia anunció que se retira de Unasur, alegando que este organismo es una “caja de resonancia de Venezuela” y en cumplimiento de “las obligaciones del país con la Carta Democrática Interamericana”. Por el momento se cree que Chile próximamente podría estar sumándose a Colombia, al igual que Argentina, lo que dejaría sumamente debilitado al organismo que tras la ausencia de la mitad de sus miembros, los restantes apenas representan el 15% de la población suramericana.

Cabe destacar que el aparente proceso de desmantelamiento de Unasur, dejaría a la región sin su alianza más abarcadora e integradora, pese al componente ideológico y político que le acompañó en su origen. De hecho, resulta contraproducente que se esté dando una tendencia a la desintegración, en momentos en que la política exterior estadounidense está planteando un reto mayúsculo para la región.

No obstante, es posible que la mejor manera de abordar la actual problemática, sea aprovechar la crisis de Unasur para reformarla y dotarla de mayor vinculación cultural, ciudadana, humanitaria, legal e institucional. A su vez, dejar de lado ciertas limitantes como la regla de unanimidad en la toma de decisiones y el aspecto ideológico, dando paso a una mayor concertación por la vía diplomática y estratégica, donde gobiernos de izquierda y derecha pongan los intereses regionales por encima del sectarismo ideológico.

Hay quienes temen que con el debilitamiento de Unasur, Suramérica tenga su propia versión del Brexit (suramexit), la cual a diferencia de las razones que llevaron al Reino Unido a buscar su separación de la Mancomunidad Europea, los gobiernos suramericanos propicien su desintegración solo como parte del vaivén en el péndulo ideológico y político de la región.

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