Protestas en Puerto Rico: Algunas lecciones que aprender.

Franklin Rodríguez / Vanguardia del Pueblo

“Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía se acabaron las fronteras…”. Esta pequeña estrofa, que forma parte de uno de los temas más populares del cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, comprende una radiografía casi perfecta de la historia contemporánea de gran parte de Latinoamérica. A su vez, de la misma podemos extraer rasgos que han caracterizado el devenir de nuestra noble y vecina nación puertorriqueña.

Histórica, cultural y políticamente, es mucho lo que se puede hablar de Puerto Rico, un pueblo reconocido internacionalmente como un Estado Libre y Asociado de Estados Unidos, que más allá de su música y atletas de proyección mundial, carga con un lastre que ha sido fuente de discordia e inconformidad social. A pesar de tener una historia común con las demás ex colonias españolas del hemisferio, a diferencia del resto, Puerto Rico ha vivido el último siglo bajo la órbita estadounidense, potencia que desde 1952 apenas le cedió el derecho a una Constitución, partidos políticos y a elegir por voto popular a un gobernador.

No obstante, este territorio ha permanecido sujeto a la autoridad y poderes del Congreso estadounidense, lo cual ha generado la necesidad de celebrar unos 5 plebiscitos o consultas populares, que buscaban entre otras cosas decidir sobre si permanecer como Estado Libre y Asociado; convertirse en un Estado número 51 de EE.UU.; o declararse una República independiente. Lo peculiar, sin embargo, es que las votaciones realizadas en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017 nunca lograron un consenso entre la población.

A pesar de ello, las diferencias parecen desaparecer al momento que entra en escena el aspecto económico, donde las denuncias sobre la incapacidad de las autoridades de hacer frente al endeudamiento y la falta de transparencia, han sido un común denominador durante los últimos 15 años. Generalmente muchos ubican el origen de la crisis en el 2005, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió acabar con las exenciones fiscales con que contaban las empresas estadounidenses radicadas en la isla, y que desde 1976 benefició enormemente a la isla.

A su vez, la crisis bancaria e hipotecaria del 2008 llevó a que al menos tres bancos cerrarán sus puertas y el gobierno comenzó a disponer de fondos mediante bonos que, eran adquiridos por inversionistas estadounidenses.

Sin embargo, la deuda estatal se disparó a niveles alarmantes, alcanzando para el 2015 unos US$73,000 millones de dólares, lo que llevó al entonces gobernador Alejando García Padilla, a declarar la imposibilidad de pago. Esto evidentemente comprometió aún más los escasos márgenes de autodeterminación con que cuenta la isla, ya que Washington reaccionó aprobando una Ley que daría lugar a una Junta de Supervisión Fiscal, que introdujo severas políticas de austeridad.
Como era de esperar, los niveles de desempleo y el índice de pobreza se dispararon a un 12% y un 45% respectivamente, dando inicio además a un éxodo masivo de puertorriqueños, que decidieron emigrar a suelo continental estadounidense. Fue precisamente para ese contexto, cuando en el 2015 se presentó como candidato a la gobernación Ricardo Rosselló, quien prometiendo hacer frente a la “falta de credibilidad en la clase gobernante” y bajo el eslogan de “Construir un nuevo Puerto Rico”, buscaba emular a su padre Pedro Roselló, quien fuera gobernador desde 1993 hasta el 2001.

Apenas transcurrieron unos pocos meses desde que el nuevo gobernador asumió el cargo, cuando en verano del 2017 el huracán María causó gran devastación en Puerto Rico, provocando daños que según la agencia Moody´s, alcanzaron los US$95,000 millones, además de los más de 3,000 fallecidos. Evidentemente, esta catástrofe natural vino a agudizar la crisis económica, institucional y de transparencia que ya enfrentaba la isla, incrementando el descontento social a base de falta de pobreza, electricidad, agua potable y servicios básicos de medicina.

Por si fuera poco, la falta de confianza de Washington en el ejecutivo puertorriqueño, al cual considera “corrupto y poco fiable”, repercutió en que el fondo de rescate no llegara ni al 30% de los daños calculados. Es así como llegamos al 2019, un año que inició con una oleada de violencia callejera sin precedentes en la vecina isla, y donde a principios de julio se produjo la detención de funcionarios y contratistas del gobierno, luego de que un juez federal los acusara de conspiración, robo y lavado de más de US$17 millones.

Llegados a este punto, es indiscutible la odisea que ha pasado el pueblo puertorriqueño, lo que explica por qué la filtración de un “chat privado” de la red social Telegram, compuesto por el gobernador, funcionarios y allegados al gobierno, se convirtió en un detonante de la protesta masiva más grande de la historia de Puerto Rico. De unas 889 páginas de conversaciones claramente vulgares y denigrantes, el chat en cuestión generó un sentimiento colectivo de indignación nunca antes visto, que no pudieron apaciguarse con disculpas públicas del gobernador y la dimisión de varios de los funcionarios implicados.

En esencia, las filtraciones aparentan ser la gota que colmó la paciencia de la población de poco más de 3 millones de habitantes, que hasta este momento manifestaba su frustración por el colapso del sistema yéndose a Estados Unidos (el 19% desde el 2006). De ahí que teniendo como principales figuras a los artistas Ricky Martin, Ednita Nazario, Residente, Bad Bunny y Tommy Torres, aproximadamente un millón de personas tomaron las calles de Puerto Rico durante once días, pidiendo la renuncia del gobernador.

Viéndose acorralado, dada la falta de apoyo social, además de las críticas del Congreso y el gobierno de Estados Unidos, Ricardo Rosselló primero optó por no presentarse a la reelección en el 2020 y renunciar a la presidencia del Partido, pero no fue suficiente. Es así como a fin de cuentas, la presión social logró su cometido y ante la falta de legitimidad, se produjo la primera dimisión de un gobernador en la historia de Puerto Rico, que se hará efectiva el 2 de agosto.

En lo adelante, a falta de un secretario de Estado que le suceda en el puesto, la gobernación será asumida interinamente por la actual secretaria de Justicia Wanda Vásquez Garced, quien tampoco cuenta con apoyo popular.

Lo preocupante, sin embargo, es que cada uno de los elementos que conformaron la bomba de tiempo que terminó con la renuncia de Roselló siguen sin respuestas, por lo que la gobernabilidad aún resulta una asignatura pendiente y la carencia de un líder que esté a la altura de las expectativas, nos deja algunas lecciones que aprender.

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